LOS VAIVENES DE LAS ENCUESTAS Y LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA
Por: Álvaro Montenegro Calvachy
Resumen
En tres artículos anteriores, había realizado una evaluación de los programas de gobierno de los tres candidatos a la presidencia de la República de Colombia que, según las encuestas, ocupan los tres primeros lugares. Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella Otero y Paloma Valencia Laserna. El presente artículo, analiza la evolución histórica de las encuestas electorales, su consolidación como herramienta de medición política y el impacto de la regulación colombiana reciente sobre el ecosistema democrático. A partir del contexto electoral de las elecciones presidenciales de 2026, se estudian los alcances de la Ley 2494 de 2025, las tensiones entre transparencia y viabilidad técnica, así como los efectos derivados de la reducción de firmas encuestadoras activas en el país. El trabajo desarrolla un enfoque crítico sobre el papel de las encuestas en la construcción de opinión pública, la influencia de los medios de comunicación y la necesidad de fortalecer estándares metodológicos sin afectar el pluralismo informativo. Finalmente, se concluye que, el desafío del sistema colombiano, consiste en armonizar el rigor técnico con la libertad de información y la confianza ciudadana que permitirá en últimas, tomar la decisión por quien votar; respaldándose fundamentalmente en la evaluación de los programas de gobierno de los candidatos.
Palabras clave: encuestas electorales, democracia, opinión pública, regulación electoral, Consejo Nacional Electoral, Colombia.
1. Introducción
Las encuestas electorales se han convertido en uno de los instrumentos más influyentes de las democracias contemporáneas. Su capacidad de medir preferencias políticas, proyectar tendencias y moldear percepciones colectivas las ubica en el centro del debate público. En Colombia, las elecciones presidenciales de 2026, han evidenciado nuevamente la importancia política y mediática de estos instrumentos estadísticos, especialmente ante la creciente polarización ideológica y la disputa narrativa entre sectores políticos.
El debate no se limita únicamente a la precisión de los resultados. También involucra cuestiones relacionadas con la transparencia metodológica, la financiación de los estudios, la influencia de los medios de comunicación y la capacidad del Estado para regular adecuadamente la actividad encuestadora. En este contexto, la expedición de la Ley 2494 de 2025, introdujo nuevas exigencias técnicas y mecanismos de supervisión que modificaron profundamente el panorama de las encuestas electorales en Colombia.
2. Origen histórico y evolución de las encuestas electorales
Las encuestas modernas tienen sus antecedentes en los denominados straw polls desarrollados en Estados Unidos durante el siglo XIX.
Alvaro Montenegro Calvachy
Columnista invitado
Nuestro columnista invitado es un destacado abogado y economista con amplia trayectoria en derecho público y defensa de los derechos humanos.
Especialista en Derecho Comercial, Administrativo, Financiero y Procesal Contemporáneo, ha cursado estudios avanzados en Ciencia Política y Derecho Público en la Universidad Nacional de Colombia, además de una maestría en Derecho.
Ha sido Magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño y de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, así como presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Nariño y Putumayo. También ha ejercido como formador en la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
Actualmente, es consultor social y defensor de derechos humanos, promoviendo la justicia y el fortalecimiento democrático.
Sin embargo, su consolidación científica se produjo en la década de 1930 con los trabajos de George Gallup, Elmo Roper y Archibald Crossley. Estos investigadores introdujeron técnicas de muestreo probabilístico que permitieron realizar predicciones electorales más precisas, particularmente en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1936.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, las encuestas se expandieron globalmente como instrumentos de análisis político y social. América Latina incorporó este modelo de manera más tardía, especialmente durante los procesos de transición democrática de los años ochenta. En Colombia, las encuestas adquirieron relevancia creciente en la medida en que los medios de comunicación comenzaron a utilizarlas como referentes permanentes del debate electoral.
3. Las encuestas y la construcción de la opinión pública
La influencia de las encuestas trasciende la simple medición estadística. Diversos estudios en ciencia política han demostrado que las encuestas pueden generar efectos psicológicos y políticos sobre los votantes. Entre ellos se destacan el denominado bandwagon effect, mediante el cual, ciertos sectores tienden a apoyar al candidato que aparece como favorito, y el underdog effect, que impulsa respaldo hacia candidaturas percibidas como rezagadas.
Además, las encuestas desempeñan un papel estratégico para partidos políticos, campañas electorales y medios de comunicación. Estas mediciones orientan decisiones de financiamiento, diseño de campañas y construcción de alianzas políticas. En consecuencia, la calidad metodológica y la transparencia de las encuestas resultan determinantes para la legitimidad democrática.
4. La regulación de las encuestas en Colombia
La Ley 2494 de 2025, estableció nuevas reglas para la elaboración y divulgación de encuestas políticas en Colombia. La norma exige mayor trazabilidad metodológica, controles técnicos rigurosos y supervisión especializada por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, establece requisitos relacionados con márgenes de error, registro de firmas encuestadoras y publicación detallada de fichas técnicas.
Entre los aspectos positivos de la regulación se encuentra el fortalecimiento de la transparencia, la posibilidad de verificar metodologías y la exigencia de mayor responsabilidad estadística. La obligación de identificar financiadores, tamaño de muestra y mecanismos de selección contribuye a reducir riesgos de manipulación política.
No obstante, la implementación de la ley también generó críticas importantes. Diversas firmas encuestadoras consideraron inviables algunas exigencias técnicas, especialmente aquellas relacionadas con probabilidades exactas de selección y márgenes de error estrictos en contextos regionales complejos. Como consecuencia, varias firmas decidieron suspender o limitar la publicación de estudios electorales.
5. Elecciones presidenciales de 2026 y crisis de confianza
Las elecciones presidenciales colombianas de 2026, constituyen un escenario emblemático para analizar las tensiones entre encuestas, regulación y democracia. Las mediciones realizadas por firmas como Guarumo – Ecoanalítica, Invamer, y Atlas Intel, mostraron escenarios variables y altamente polarizados entre los principales candidatos presidenciales.
Guarumo, contratada por el periódico El Tiempo, realizó una encuesta entre el 11 al 19 de mayo de 2026, y arrojó que, para la primera vuelta presidencial, Cepeda obtendría un 37.1%, De la Espriella un 27.5% y Valencia un 21.7%.
Invamer, contratada por noticias Caracol y Blu Radio, realizó una encuesta entre el 13 al 20 de mayo de 2026, y arrojó, que, para la primera vuelta presidencial, Cepeda obtendría un 44.6%, De la Espriella un 31.6% y Valencia un 14%.
Atlas Intel, contratada por la Revista Semana, realizó una encuesta entre el 18 al 21 de mayo de 2026, publicada ayer sábado 23 de mayo de 2026, arrojó, que, para la primera vuelta presidencial, Cepeda obtendría un 38.7%, De la Espriella un 37.3% y Valencia un 14.3%.
La controversia política surgió cuando sectores de oposición cuestionaron públicamente la credibilidad de las encuestas que favorecían a determinados candidatos. Este fenómeno refleja una creciente desconfianza institucional y evidencia cómo las encuestas dejaron de ser percibidas exclusivamente como instrumentos técnicos para convertirse también en actores del conflicto político.
Paradójicamente, el endurecimiento regulatorio terminó reduciendo el número de firmas activas, limitando la diversidad de fuentes estadísticas disponibles para la ciudadanía. Esto genera un efecto contraproducente: aunque las encuestas publicadas pueden tener mayores estándares metodológicos, la disminución del pluralismo informativo afecta la riqueza del debate democrático.
Es decir, allí están los vaivenes de las encuestas que tienen una relación directa con los porcentajes que varían con la medición que toman como base y que, de todas maneras, inciden en la opinión pública con repercusiones en la democracia del país; razón por la cual, es mejor tomar la decisión de participar en las elecciones votando; pero también, haciéndolo con un conocimiento objetivo de las propuestas que formulan los candidatos mencionados en contienda.
6. Discusión
1. La experiencia colombiana demuestra que la regulación de las encuestas debe encontrar un equilibrio razonable entre control institucional y la viabilidad técnica.
2. Un sistema excesivamente flexible, puede facilitar manipulaciones y desinformación; sin embargo, un modelo sobrerregulado, puede desalentar la participación de firmas especializadas y reducir la competencia metodológica.
3. Desde una perspectiva democrática, las encuestas cumplen funciones esenciales: permiten identificar tendencias sociales, fortalecer el debate público y ofrecer información útil para la ciudadanía. No obstante, su utilización también implica riesgos relacionados con sesgos metodológicos, instrumentalización mediática y utilización política de los datos.
4. En consecuencia, resulta necesario fortalecer mecanismos de auditoría técnica independientes, promover pedagogía estadística ciudadana y garantizar mayor pluralidad de fuentes encuestadoras. La legitimidad democrática no depende únicamente de la precisión matemática, sino también de la confianza pública en las instituciones y en la información, pero también, del conocimiento que se tenga de las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales.
7. Conclusiones
1. Las encuestas electorales constituyen herramientas fundamentales para las democracias contemporáneas, pero su influencia política exige elevados estándares de transparencia y responsabilidad.
2. La regulación colombiana introducida mediante la Ley 2494 de 2025, representa un esfuerzo legítimo por fortalecer la calidad técnica de las mediciones electorales.
3. El exceso de exigencias regulatorias generó efectos adversos sobre el ecosistema encuestador, reduciendo el número de firmas activas y limitando el pluralismo informativo.
4. Las elecciones presidenciales de 2026, evidenciaron una creciente politización de las encuestas y una crisis de confianza institucional en torno a los estudios de opinión.
5. El desafío futuro para Colombia consiste en construir un modelo regulatorio equilibrado que garantice rigor metodológico, libertad informativa y fortalecimiento democrático.
6. El estudio de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, se constituye en un acto de responsabilidad para el ciudadano a la hora de votar, por eso, entre las conclusiones anteriores que formulé y las de ahora, independiente de los resultados de las encuestas, ratifican que no existe un consenso sobre el modelo de Estado en Colombia, porque las propuestas analizadas representan visiones ideológicas claramente diferenciadas: Iván Cepeda Castro, un modelo social – garantista que prioriza igualdad y derechos. De la Espriella, un modelo autoritario – liberal que prioriza orden y mercado y Paloma Valencia Laserna, un modelo conservador – institucional que busca equilibrio y por ello y con el derecho que me asiste, votaré por el candidato Iván Cepeda Castro, para que gane en primera vuelta; porque su programa de gobierno, es convincente desde lo político, económico y social.
Referencias bibliográficas
Atlas Intel. (2026). Encuesta nacional de intención de voto presidencial.
Bourdieu, P. (1973). La opinión pública no existe. Les Temps Modernes, 318, 1292-1309.
Consejo Nacional Electoral de Colombia. (2025). Resoluciones y lineamientos sobre encuestas electorales.
Gallup, G. (1940). Public Opinion in a Democracy. Princeton University Press.
Guarumo. (2026). Encuesta nacional de intención de voto presidencial.
Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública. Gustavo Gili.
Invamer. (2026). Encuesta nacional de intención de voto presidencial.
Ley 2494 de 2025. Por medio de la cual se regula la elaboración y divulgación de encuestas políticas y electorales en Colombia.
Lippmann, W. (1922). Public Opinion. Harcourt, Brace and Company.
Montenegro Calvachy, A. (2026). Los vaivenes de las encuestas y la democracia en Colombia.
Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio: opinión pública y efectos de los medios de comunicación. Paidós.
Sartori, G. (1998). Homo videns: la sociedad teledirigida. Taurus.
Nota editorial: Los artículos de opinión publicados en este espacio expresan exclusivamente el pensamiento y las valoraciones personales de sus autores. En consecuencia, su contenido no compromete ni representa la posición institucional del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación de Nariño – SINTRAGOBERNAR o sus afiliados, ni del diario sindical SOMOS Sintragobernar.