La elección presidencial de 2026 no solo enfrenta proyectos políticos distintos; también confronta diferentes interpretaciones sobre la manera de materializar los principios y objetivos que la Constitución trazó para la Nación hace más de tres décadas.

Los fines esenciales del Estado colombiano

El artículo 2 de la Constitución establece que son fines esenciales del Estado: 

“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional; mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”

Desde esta perspectiva, cualquier programa de gobierno puede ser evaluado en función de su capacidad para materializar dichos objetivos constitucionales.

La candidatura de Iván Cepeda, denominada “El Poder de la Verdad”, plantea profundas transformaciones en materia social, económica, institucional, ambiental y de paz

Paz y convivencia pacífica: el eje central del proyecto Cepeda

Uno de los pilares más visibles de la propuesta de Iván Cepeda es la construcción de paz. Su programa insiste en la continuidad de los diálogos con grupos armados, la protección de líderes sociales, la defensa de los derechos humanos y la atención prioritaria a las víctimas del conflicto armado.

Esta visión encuentra una relación directa con el mandato constitucional de “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. La experiencia política de Cepeda como defensor de derechos humanos y promotor de procesos de paz ha influido notablemente en esta orientación programática.
Sin embargo, el principal desafío radica en demostrar que los mecanismos de diálogo pueden traducirse en resultados efectivos frente a la persistencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales que continúan afectando amplias regiones del país.

Prosperidad general y justicia social 

El programa propone fortalecer la inversión social mediante reformas tributarias progresivas, ampliación de derechos sociales, fortalecimiento de la educación pública, acceso universal a la salud y apoyo a la economía campesina y popular. Asimismo, contempla la creación de un Banco del Pueblo para facilitar el acceso al crédito de sectores históricamente excluidos.

Estas iniciativas se conectan directamente con el deber estatal de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos económicos y sociales. La apuesta de Cepeda parte de la premisa de que la desigualdad constituye uno de los principales obstáculos para la consolidación democrática.

No obstante, diversos analistas han advertido que algunas de estas propuestas implican importantes retos fiscales y administrativos, particularmente en un contexto de restricciones presupuestales y desaceleración económica.

Participación ciudadana y profundización democrática

Otro componente fundamental de la propuesta cepedista es la ampliación de la participación ciudadana. El programa enfatiza el fortalecimiento de organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, comunidades indígenas, afrodescendientes y sectores históricamente marginados.

Esta orientación guarda estrecha relación con el mandato constitucional de facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan. La Constitución de 1991 definió a Colombia como una democracia participativa y no exclusivamente representativa, por lo que las propuestas de ampliación de espacios de deliberación y control ciudadano encuentran sustento en el texto constitucional.

Lucha contra la corrupción y defensa del orden justo

Cepeda propone la creación de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, acompañado de mecanismos especializados de investigación, juzgamiento y recuperación de recursos públicos desviados.

La corrupción constituye una de las principales amenazas para la legitimidad institucional y para el cumplimiento efectivo de los fines del Estado. En este sentido, la propuesta busca fortalecer el principio constitucional de moralidad administrativa y contribuir a la construcción de un orden justo, objetivo expresamente señalado en el artículo 2.

La efectividad de estas medidas dependerá, sin embargo, de la independencia de los órganos de control y de la capacidad real del Estado para combatir estructuras de corrupción enquistadas en distintos niveles de la administración pública.

Ambiente, territorio y derechos colectivos

El programa de gobierno también plantea una transición hacia un modelo económico menos dependiente del extractivismo, acompañado de políticas de protección ambiental, defensa de la biodiversidad y fortalecimiento de los derechos territoriales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Aunque el artículo 2 no menciona expresamente el medio ambiente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad son condiciones indispensables para garantizar los derechos fundamentales y el bienestar colectivo de las generaciones presentes y futuras.

¿Continuidad constitucional o profundización del cambio?

Las propuestas de Iván Cepeda muestran una clara alineación con varios de los fines esenciales del Estado establecidos por la Constitución de 1991. La paz, la participación ciudadana, la justicia social, la lucha contra la corrupción y la garantía de derechos fundamentales constituyen ejes que encuentran respaldo explícito en el texto constitucional.

Sin embargo, la discusión política no gira únicamente alrededor de los objetivos, sino también sobre los medios para alcanzarlos. Mientras sus partidarios consideran que sus propuestas profundizan el modelo social y democrático previsto por la Constitución, sus críticos cuestionan la viabilidad financiera de algunas iniciativas y expresan preocupaciones sobre los riesgos institucionales de ciertas reformas.

En cualquier caso, el debate alrededor de la candidatura de Iván Cepeda refleja una discusión de fondo sobre el alcance de la Constitución de 1991: si sus promesas de justicia social, participación y paz han sido plenamente desarrolladas o si aún existe un amplio camino por recorrer para hacer realidad los fines esenciales del Estado colombiano.

Siguiendo nuestro análisis, debemos decir que si bien las propuestas de Iván Cepeda pueden interpretarse como una profundización del Estado Social de Derecho diseñado por la Constitución de 1991, el programa de gobierno de Abelardo de la Espriella representa una lectura distinta de los fines esenciales del Estado, basada en el fortalecimiento de la autoridad, la seguridad y la libertad económica. Su propuesta denominada “País Milagro” plantea una transformación institucional inspirada en modelos de gobierno de corte liberal en lo económico y de mano dura en materia de seguridad.

Seguridad y orden: una interpretación distinta de la convivencia pacífica. 

Mientras Iván Cepeda propone consolidar la paz mediante el diálogo, la negociación y la implementación integral de acuerdos con diversos actores armados, Abelardo de la Espriella sostiene que la paz solo puede alcanzarse a través de la recuperación efectiva del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Para ello plantea el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la construcción de megacárceles, el endurecimiento de penas, la erradicación forzada de cultivos ilícitos y el fin de la política de “Paz Total”.

Desde la perspectiva del artículo 2 constitucional, ambas propuestas buscan garantizar la convivencia pacífica, pero parten de diagnósticos radicalmente diferentes. Cepeda considera que las causas estructurales de la violencia deben ser abordadas mediante reformas sociales y mecanismos de reconciliación. De la Espriella sostiene que sin autoridad y control territorial efectivo no es posible garantizar los derechos fundamentales ni la seguridad ciudadana.

El debate constitucional surge al preguntarse cuál de las dos estrategias resulta más compatible con la obligación estatal de asegurar simultáneamente la paz, el orden justo y el respeto por los derechos humanos.

Prosperidad general: Estado social versus libre mercado

Las diferencias son igualmente profundas en el ámbito económico. Cepeda propone fortalecer la intervención estatal para reducir desigualdades mediante inversión social, ampliación de derechos y fortalecimiento de los servicios públicos. Por el contrario, De la Espriella plantea reducir significativamente el tamaño del Estado, disminuir impuestos empresariales, simplificar regulaciones, incentivar la inversión privada y promover sectores como los hidrocarburos y el fracking.

Desde una óptica constitucional, ambos candidatos afirman perseguir la prosperidad general, aunque mediante instrumentos opuestos. Mientras Cepeda privilegia la redistribución y la intervención pública, De la Espriella apuesta por el crecimiento económico impulsado por el mercado como mecanismo para generar empleo, riqueza y oportunidades.

La principal crítica formulada a la propuesta de Cepeda es la sostenibilidad fiscal de sus programas sociales. Por su parte, los críticos de De la Espriella cuestionan si una reducción sustancial del Estado podría afectar la capacidad institucional para garantizar derechos fundamentales y cumplir las obligaciones sociales que impone la Constitución de 1991.

Participación democrática y modelo institucional

Otro punto de contraste se encuentra en la concepción de la democracia. Cepeda promueve una ampliación de la participación ciudadana y de los mecanismos de intervención de movimientos sociales, organizaciones comunitarias y sectores históricamente excluidos.

De la Espriella, en cambio, enfatiza la eficiencia gubernamental, la simplificación institucional y el fortalecimiento de la autoridad ejecutiva para acelerar la toma de decisiones y la ejecución de políticas públicas. Algunas de sus propuestas contemplan una profunda reestructuración administrativa y la expedición de numerosas medidas en los primeros meses de gobierno.

Aquí surge una discusión constitucional relevante: hasta qué punto la búsqueda de eficiencia puede armonizarse con los principios de deliberación democrática, controles institucionales y separación de poderes que caracterizan el modelo constitucional colombiano.

La lucha contra la corrupción: coincidencias en medio de las diferencias

Uno de los pocos escenarios de coincidencia entre ambos programas es la necesidad de combatir la corrupción. Tanto Cepeda como De la Espriella plantean mecanismos para fortalecer la transparencia y mejorar el control sobre los recursos públicos.

No obstante, nuevamente divergen en los instrumentos. Cepeda privilegia el fortalecimiento institucional y la vigilancia ciudadana, mientras que De la Espriella propone reformas administrativas profundas, uso de inteligencia artificial, contratación pública basada en tecnologías digitales y reducción de estructuras burocráticas consideradas innecesarias.

Un debate sobre el significado mismo de la Constitución de 1991

Más allá de las diferencias programáticas, la confrontación entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella refleja dos interpretaciones distintas del proyecto constitucional colombiano.

Para Cepeda, la Constitución de 1991 debe desarrollarse mediante la ampliación de derechos, la inclusión social, la participación ciudadana y la construcción de paz. Para De la Espriella, la misma Constitución exige recuperar la autoridad estatal, garantizar la seguridad, estimular la iniciativa privada y reducir las cargas que, a su juicio, limitan el crecimiento económico.

La discusión de fondo no consiste únicamente en quién puede gobernar mejor, sino en cuál es la mejor manera de cumplir los fines esenciales del Estado. Mientras un proyecto enfatiza la justicia social como condición para la paz, el otro considera que la seguridad y el crecimiento económico constituyen el requisito previo para alcanzar el bienestar colectivo.

La elección presidencial de 2026 enfrenta así dos modelos claramente diferenciados de entender el Estado colombiano, sus responsabilidades constitucionales y los caminos para materializar los ideales contenidos en el artículo 2 de la Carta Política. Es nuestra responsabilidad entonces como electores definir con claridad y certeza que opción presidencial es más conveniente para Colombia en general, desde una óptica solidaria y lejos de una posición egocentrista centrada en intereses particulares.