¿HACIA UNA COLOMBIA MÁS ARMADA Y MENOS DIVERSA?
Las propuestas de Abelardo de la Espriella que encienden las alarmas sobre derechos humanos y democracia
La candidatura de Abelardo de la Espriella ha logrado posicionarse como una de las expresiones más radicales de la derecha colombiana en el actual escenario electoral, su discurso de autoridad, confrontación política y transformación institucional ha despertado entusiasmo en algunos sectores de la sociedad; sin embargo, también ha generado profundas preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y diversos sectores académicos.
Las alarmas no se limitan a sus posiciones ideológicas, se relacionan con propuestas concretas que podrían afectar pilares fundamentales construidos por Colombia durante décadas para superar la violencia, garantizar los derechos de las víctimas y fortalecer la convivencia democrática.
Uno de los aspectos más controvertidos de su agenda política es su intención de desmontar o reformar profundamente instituciones creadas para responder a las consecuencias del conflicto armado, entre ellas se encuentran la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad para las Víctimas (UARIV), pilares fundamentales del sistema de justicia transicional construido tras el Acuerdo de Paz.
Para organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y sectores académicos, debilitar estas instituciones podría representar un retroceso en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la preocupación radica en que millones de víctimas del conflicto armado aún esperan respuestas del Estado frente a hechos de desplazamiento, desaparición forzada, despojo territorial y otras graves violaciones de derechos humanos.
También han generado preocupación sus planteamientos sobre entidades sociales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), institución encargada de la protección de millones de niños, niñas y adolescentes; diversos sectores consideran que cualquier propuesta orientada a reducir el alcance de este tipo de instituciones debe evaluarse con extrema cautela debido a su impacto directo sobre poblaciones vulnerables.
A ello se suma un discurso político altamente confrontacional, declaraciones dirigidas contra sectores de izquierda han sido interpretadas por numerosos analistas como una profundización de la polarización que vive el país; cuando la diferencia política se convierte en una narrativa de enemigos y no de adversarios democráticos, se debilitan los principios fundamentales del pluralismo político; sin embargo, uno de los temas que más preocupación genera es su propuesta de flexibilizar o permitir el porte legal de armas para ciudadanos que cumplan determinados requisitos de responsabilidad y capacitación; aunque el candidato presidencial Abelardo sostiene que se trataría de un porte consciente y responsable, numerosos expertos en construcción de paz y derechos humanos advierten que esta propuesta resulta especialmente riesgosa en un país que ha vivido más de medio siglo de conflicto armado.
Luis Felipe Lora Tovar
Columnista invitado
Nuestro columnista invitado es un destacado profesional en Derecho y conciliador de la Universidad Mariana de Pasto, con amplia experiencia en derechos humanos y construcción de paz.
Es líder nacional e internacional de paz certificado por el Programa LISA-R y magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la ESAP.
Su trabajo en reconciliación, memoria histórica y justicia social lo ha convertido en un referente nacional e internacional en la defensa de la verdad y la paz.
Colombia no es una sociedad que haya experimentado largos periodos de paz, es una nación profundamente marcada por la violencia política, la presencia de grupos armados ilegales, las economías criminales, las disputas territoriales y la persistencia de conflictos sociales no resueltos; en ese contexto, promover una ampliación del acceso a armas de fuego genera serios interrogantes sobre sus posibles consecuencias.
Las preocupaciones aumentan en regiones donde continúan registrándose asesinatos de líderes sociales, amenazas contra autoridades indígenas, disputas por el control territorial y presencia de estructuras armadas ilegales; para muchos defensores de derechos humanos, incrementar la circulación de armas en una sociedad que aún intenta superar décadas de guerra podría traducirse en mayores riesgos para la vida, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.
Otro aspecto que ha despertado cuestionamientos son sus afirmaciones relacionadas con la identidad étnica, cultural y racial, pues en un Estado que la Constitución reconoce como multiétnico y pluricultural, algunos sectores consideran preocupante cualquier discurso que minimice las particularidades históricas y culturales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y ROM, para estas comunidades, el reconocimiento diferencial no constituye un privilegio, representa una respuesta jurídica e histórica frente a siglos de exclusión, discriminación, despojo territorial y negación de derechos colectivos.
El debate alrededor de la candidatura de Abelardo de la Espriella trasciende las preferencias electorales, lo que está en discusión son aspectos esenciales del modelo de Estado colombiano como la efímera permanencia de los mecanismos de paz, la protección de las víctimas, la defensa de la diversidad indígena, étnica y cultural, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la apuesta por resolver los conflictos mediante esquemas cada vez más centrados en la fuerza.
La pregunta que enfrenta Colombia no es solamente quién ocupará la Presidencia, la verdadera discusión es si el país avanzará hacia una democracia más incluyente, plural y comprometida con los derechos humanos, o si retornará a fórmulas políticas que privilegian la confrontación, la militarización y la ampliación del uso de las armas en una sociedad que todavía carga las heridas